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Saturday Morning Breakfast Cereal - Toe

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Of course, in the grand scheme of things pretty much all of you will end up in Hell, but enjoy the moment!

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llucax
1 day ago
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Saturday Morning Breakfast Cereal - Hansel and Gretel

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No, NO. It was NOT breadcrumbs. That came later in the story. The first part is about pebbles.

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Saturday Morning Breakfast Cereal - Why

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Politics is like marriage - the goal is to win.

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llucax
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jlvanderzwan
2 days ago
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Hmm... I really, REALLY wonder what this comic might be an allegory to... Haven't the slightest inkling...

Saturday Morning Breakfast Cereal - Dear God

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I mean, it's already listening all the time. Why not?

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llucax
6 days ago
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Saturday Morning Breakfast Cereal - Explain

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Please, for the love of Satoshi, please please do not email me to explain.

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Saturday Morning Block Chain is a go. You can get coins by buying stuff from my store and imagining you're getting coins.

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llucax
6 days ago
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kleer001
7 days ago
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Pssft. It's easy to explain, it just takes a while because it's got so many moving parts.
francisga
8 days ago
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"Please invest in Saturday Morning BitCoin" LOL
Lafayette, LA, USA

Nepotismo PRO: Hermanos a la obra

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Los autores de Radiografía de la corrupción PRO detallan en esta nota cómo el gobierno utiliza relaciones familiares para aceitar el sistema de favores. Los casos y nombres que revelan el incumpliento del decreto firmado por el Presidente. POR JULIÁN MARADEO E IGNACIO DAMIANI

“La primera característica de una política distinta es la más sencilla: que la integre gente distinta”, definió el funcionario e intelectual orgánico Iván Petrella.  Sin embargo, en los hechos el macrismo no tomó al pie de la letra el consejo del secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional.  Algunos ejemplos:
  • Andrés Peña, subsecretario en el Ministerio de Producción de la Nación. Hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
  • Mariana Arribas, subsecretaria de Capital Humano. Hija del director de la Agencia federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.
  • Antonella Guidoccio, coordinadora de Evaluación en la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto. Hija de Ángel Guidoccio, contador de Daniel Angelici.
  • Laura Grindetti, secretaria general de Política Institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Hija del ex ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, NéstorGrindetti.
  • Soledad Alonso, Secretaría General de la Presidencia. Hermana de Laura, la titular de la Oficina Anticorrupción.
  • Francisco Langieri Bullrich, forma parte de la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización. Hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo ahijado, el ex actor Segundo Cernadas, fue puesto al frente de la ANSES en Tigre. 
  • Los Torello: José María, hijo de José, el jefe de Asesores de la Presidencia, y Rafael, hermano de éste. Ambos trabajan en Anses.
  • Juan José Gómez Centurión (h), subsecretario de Asuntos Metropolitanos e Interjurisdiccionales en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; primogénito de su homónimo vicedirector del Banco Nación.
  • María Labat, asesora del área de Legales en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ex esposa del ex ministro de Seguridad porteño y actual diputado nacional, Guillermo Montenegro.
  • Carolina Azzi, coordinadora dentro del Ministerio de Cultura. Pareja de Pablo Avelluto
  • Amadeo Nicora, presidente del INTA. Primo del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
  • María Alejandra Illia, asesora en el Senado de la Nación. Prima de Gabriela Michetti. No bien asumió la conducción de la Cámara Alta, la Vicepresidenta la recategorizó. 
  • Josefina Rouillet, gerenta general del Fondo de las Artes. Esposa del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.     
Estos nombramientos, entre otros, quedaron en jaque cuando se conoció que Mariana Haydee Triaca, hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había sido designada en el Banco Nación. Sucedió en momentos en que se difundieron los insultos de éste a Sandra Heredia, a quien no había blanqueado como empleada doméstica y, luego, incorporó a la troupe que copó el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, tras la detención de Omar “caballo” Suárez.
 
En el medio de la ola de cuestionamientos, La Alameda confeccionó un informe en el que detalló las personas que ingresaron a la administración pública a partir de un vínculo familiar con algún integrante del Poder Ejecutivo nacional, diputados y senadores nacionales y algunos legisladores porteños del macrismo. Al frente de la misma quedó el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo. No casualmente 7 de los 11 vinculados al ex procurador figuraban en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, órgano que selecciona y juzga a los jueces. Entre ellas, se encontraba su hija Micaela. En segundo lugar, quedó el pastor de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina David Pablo Schlereth con 8, la mayoría de los cuales ingresaron al aparato estatal neuquino.  Un caso resonante fue el de Soledad Alonso, hermana de Laura, la titular de la Oficina Anticorrupción. Enojada, luego de la consulta de la periodista Emilia Delfino, de Perfil, la funcionaria nacional llamó a la redacción del bisemanario para advertir “iba a ‘responder’ con acciones si la información era publicada”.
 
Las críticas llevaron a Macri a intentar apagar el incendio con el decreto Decreto 93/2018, por medio del cual se estableció que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.
 
El decreto dejaba al rey al desnudo. Más allá de que su objetivo era el de mostrar una reacción rápida aunque incompleta adrede,  no hizo más que exponer el esfuerzo de Macri por ocultar los hechos. Con la máxima duranbarbista como bandera-“la gente vota por la imagen de los candidatos más que por doctrinas o propuestas”-, el macrismo se autoimpuso el objetivo de higienizar la política argentina de “los sospechosos de siempre”, como lo definió Petrella en su libro Que se metan todos. Sin embargo, en los hechos, las maniobras del Presidente diseñaron un sistema de gobierno basado en el esqueleto fundamental que significó su recorrido por el grupo SOCMA, su paso por Boca y la recurrente repetición de actores ubicados en lugares estratégicos de poder.

El fantasma de SOCMA

Más acá del affaire Triaca, el momento crítico se produjo cuando, en febrero de 2017, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, presentó un dictamen señalando que el acuerdo al que habían llegado entre el Correo Argentino S.A y el Estado para cerrar la deuda era “abusiva” y perjudicial al erario público. La discusión giró en torno de números. Según la ecuación de la fiscal, a partir de los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, si se aceptaba la propuesta del Correo la quita alcanzaría los 70 mil millones de pesos en 2033. En cambio, para el Gobierno el inicio de un concurso preventivo, como el que había comenzado a principios del siglo XXI, suspende los intereses de cualquier deuda anterior.
 
El conflicto dio en la médula del sistema político-empresarial que desarrolló la familia Macri a lo largo de su historia. Ahora, Mauricio, al frente del Estado, debía exigir el pago de la deuda.Aun así, el Gobierno se dio una estrategia para perdonarse la deuda.Silenciosamente, fue zurcida por un macrista de pura cepa: Jorge Irigoin, quien formó parte del directorio del Correo  durante la etapa en que fue explotado por los Macri hasta su quiebra. En 2007, fue puesto por Macri al frente del directorio de Sbase, la sociedad del Estado para los subtes de Buenos Aires. Con Macri en la Rosada, Irigoin retornó al Correo sólo que esta vez como presidente. Su estadía duró hasta diciembre de 2017, cuando su lugar fue ocupado por Luis Freixas Pinto, ex ejecutivo de Autopistas del Sol.
 
Cuando el caso se instaló en la agenda mediática, luego de la intervención de Boquín, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, elaboró un informe crítico con el intento del Gobierno de perdonar la deuda. Balbín profundizó las críticas, cuestionando la maniobra de demanda del Correo contra el Estado por no haber “si quiera anoticiado al gobierno demandado”.  Balbín estampó su firma el 21 de abril. Cuatro días después, fue eyectado de su cargo.
 
La causa por el Correo cayó en un impasse a la espera de que transcurran los 120 días hábiles que pidió el Estado. Pasaron, y nada ocurrió. O sí: el Gobierno ganó tiempo y estableció una estrategia de “control de daños”. Comenzaba un movimiento circular. El primer mandatario ubicó al frente de la Procuración del Tesoro al secretario Legal y Técnico del Ministerio de Hacienda, Bernardo Saravia Frías, un ex SOCMA. No obstante, la resolución se daría bajo la tutela del propio Macri, quien firmó el decreto 201 para que el conflicto lo resuelva la Procuración del Tesoro.
 
El control del caso del Correo tendría un movimiento más: el fiscal federal Juan Pedro Zoni que imputó al Presidente por los hechos descriptos fue desplazado de su cargo por orden del procurador federal interino Eduardo Casal, quien tomó su lugar luego de que la ex procuradora Alejandra GilsCarbó dejase su cargo en el Ministerio Público Fiscal.
 
Zoni fue enviado a una fiscalía correccional hasta tanto se habilite la dependencia para la que había concursado antes de que GilsCarbó lo nombrase en Comodoro Py. Su desplazamiento tenía contexto: había pedido nuevas medidas de prueba en el caso del Correo,y, a la vez, tenía a su cargo otras causas sensibles para el Gobierno, como la del Bono a 100 años, por el que imputó al secretario de Finanzas, Luis Caputo.

La siguiente en la lista

Nadie supo lo que sucedió el mediodía del 15 de octubre de 2016, mientras la fiscal Boquín desembarcaba en Barajas, España, para participar de una reunión internacional de colegas: la cámara ubicada en el frente de su casa enfocaba la operación que estaba llevando a cabo un hombre. El video muestra cómo, antes de sacar cuidadosamente el vidrio trasero del auto personal de Boquín, el individuo se pone un par de guantes. Secundado por un auto, tranquilo, con oficio, comenzó a revisar las copias de diferentes expedientes. Entre ellos, se encontraban los vinculados al Correo Argentino. Muchos desaparecieron. Las especulaciones giraron en torno de que en realidad buscaban el proyecto del futuro dictamen, que finalmente se conocería en febrero de 2017.
           
Los especialistas no dudaron: se trataba de un agente de inteligencia. No dejó rastro. Rápidamente, la fiscal fue llamada por Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, quien, a los gritos, le recriminó que haya pedido custodia. Al rato, intentando apaciguar, la contactó otro funcionario para confirmarle que los agentes del Ministerio Público Fiscal se encargarían de resguardar su casa. Meses después, Boquín sacó el dictamen sobre el Correo Argentino, quizá el que más impacientó al macrismo desde que llegó a la Casa Rosada. El Presidente volvía a ver en el espejo la imagen del fantasma que lo persigue desde que se lanzó a la política.
 
La causa por el robo de papeles cayó en la fiscalía de José María Campagnoli. Ante la inmovilidad del expediente, el fiscal rugbier recibió un tirón de orejas por parte de Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales. En junio de 2017, Campagnoli se comunicó con Boquín para avisarle que trabajaría a fondo. Eso nunca sucedió y las intimidaciones siguieron. Allegados a la fiscal aseguran que “están buscando que pise el palito para sacarla de la causa, porque el Gobierno sabe que tiene las de perder”. Según ellos, después de Alejandra GilsCarbó, en la lista sigue Boquín. En el caso de que eso ocurriese, “Gabriela va a salir a contar todos los aprietes”.

A cambio

La saga sobre quienes se reparten espacios de poder tuvo entre sus filas a los primos Nicólas “Nicky” Caputo, “hermano de la vida” del Presidente, y Luis “Toto” Caputo. Este tomó vuelo mediático luego de que la Securities and Exchange Commision (SEC) de EEUU revelara que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Luis, denunciado además por maniobras irregulares en ANSES por la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social, ocultó esa información en su declaración jurada cuando asumió como ministro.
Durante 2016, el FGS invirtió más de 500 millones de pesos para adquirir Letras del Banco Central –LEBACs- a través de Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión –SGFCI- S.A., un fondo de inversión en el que Caputo fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operación  tuvo otro agravante: el pago de comisiones y honorarios a favor de Axis, un gasto evitable si la acción se hubiera llevado a cabo de manera directa y gratuita con el Banco Central como venía realizándose.
 
Eso no es todo: Caputo fue directivo del Deutsche Bank S.A, el banco que protege las cuentas del FCI Axis Ahorro Plus. En su paso por esa entidad bancaria, trabó allí relación con Carlos Hernán Planas con quien fundó la firma Axis. Tiempo después, Toto, como director titular y presidente de Axis SGFCI, logró la autorización de la CNV,  para la gestación del FCI Axis Ahorro Plus. Una vez creadas y en permanente movimiento financiero, Caputo dejaría a su socio Planas en el directorio en Axis y  asumiría, el 4 de diciembre de 2015, su cargo en el Ejecutivo. A los 5 meses en el directorio del FGS, Caputo fue parte de la mesa de decisiones que aprobó por unanimidad los giros de fondos del FGS a Axis Ahorro Plus, que tenía como sociedad administradora a la empresa Axis SGFCI S.A. y como agente de custodia al Deutsche Bank S.A. La decisión fue motivo de la requisición del fiscal De Vedia, quien consideró que la práctica “fue un obrar diligente y conforme a derecho. Debería haber obligado al licenciado Caputo a excusarse de participar en la operación aquí cuestionada. Sin embargo, el susodicho optó por dejar asentada su aprobación y su firma, teniendo pleno conocimiento de que la negociación realizada resultaba absolutamente incompatible con su cargo de funcionario público”. De Vedia pidió que se investiguen las relaciones cruzadas. Razones no le faltaban, ya que el apellido del secretario de Finanzas aparece entre el directorio de la firma Axis: Jimena Caputo, según la web de la firma, era parte del staff. La conducta desplegada por Caputo configuraría el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lo que pasó a ser investigado por el juez federal Luis Rodríguez.
 
Otra dupla peculiar es la que conforman el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta y su hermano Augusto. El hermano del Jefe porteño fue durante diez años el gerente de Recursos Institucionales del Grupo IRSA (del empresario Eduardo Elsztain), hasta que finalmente, en 2012 fue contratado como asesor del Gobierno porteño. Luego de su desembarco como asesor del gobierno de la Ciudad, buscó la aprobación de un megaemprendimiento inmobiliario que impulsaron tanto IRSA como el PRO en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La obra, sin embargo,  fue frenada por el momento por la Legislatura porteña.  Según el legislador Alejandro Bodart, que denunció la creación “de la ciudad IRSA”: “El grupo IRSA es a la Ciudad lo que la Barrick Gold es a la cordillera”.

Mac Air

En el reparto de tareas para implementar el modelo SOCMA en distintas áreas de gobierno, los hermanos Irigoin se dividieron roles. Si Jorge trabajó la condonación de deuda del Correo, su hermano, el ingeniero Juan Pedro Irigoin, se ocupó de otorgar las rutas aéreas más redituables para el desembarcó de las lowcost en Argentina. Juan Pedro fue designado como titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Una de las primeras medidas que tomó fue la aprobación de las rutas aéreas solicitadas por Avianca y Flybondy, propiedad del empresario Richard Guy Gluzman, socio del ministro de Producción,Mario Quintana.
 
La asignación de rutas se sucedió en una audiencia pública que se realizó entre bambalinas durante las navidades de 2016. Allí Avianca y Flybondi fueron las principales beneficiarias en detrimento de Aerolíneas Argentinas. Un dato expuso la agresividad del mercado contra las rutas que manejaba la aerolínea de bandera: La superposición de las mismas que le fueron asignadas a Avianca y a la empresa Flybondi se superpusieron en un 87% con los trazos de pasajeros que transporta Aerolíneas.
 
Una vez que Avianca se quedó con las rutas aéreas,  la Fiscalía N°1, a cargo de Jorge Di Lello, abrió varias líneas de investigación. En primer lugar, si la venta de la empresa de Mac Air Jet a Avianca pudo ser simulada.  Es que la venta de Mac Air Jet a Avianca no tuvo prácticamente movimientos en sus directorios. Así, Carlos Benjamín Colunga, último presidente de Mac Air Jet, se transformó en el vicepresidente de Avianca. 
 
Colunga trabajó treinta y cuatro años al frente de la firma de la familia y conoce todas las intimidades de Franco a quien le piloteó el avión durante toda su carrera. El rol de Colunga fue uno de los ejes de la denuncia: se lo acusa de haber sido él quien incentivó el desembarco de Avianca, una imputación que fue reconocida por el propio acusado. Cuando saltó el escándalo, tuvo que renunciar, y lo hizo, en diálogo con Gabriela Cerruti, con críticas al Presidente:   “Les traje el negocio, los senté con Efromovich, y no me dieron ni siquiera la parte que me correspondía. Un día Mauricio me dijo: ‘Vos tenés que decidirte. Estás con mi viejo o estás conmigo’. Y yo le dije, ‘Mauricio, soy piloto de Franco hace treinta años, estoy con él en sus momentos más íntimos, tengo una relación de confianza. Yo soy de Franco, y si un día él se retira me retiro con él’. ¿Y sabés qué me contestó Mauricio? ‘No seas tan optimista, si puedo echarte antes te echo’.
 
Consultado para el libro Radiografía de la Corrupción PRO, Colunga renegó de la prensa, sintiéndose traicionado. Arguyó que lo convirtieron en un “chivo expiatorio”. “Yo pedí 160 rutas-dijo- con aviones turbo hélice. Flybondi pidió 180 rutas, de las que les dieron 160. A mí me dieron apenas 16, el 10 por ciento. Es una forma de ver la realidad: a mí me dieron rutas de mierda, y a ellos les dieron rutas de la gran puta. Cuando dicen en términos estadísticos a Colunga le dieron el 100 por ciento de las rutas, es mala intención”. Cuando se le preguntó si quien estaba detrás era Mario Quintana, Colunga largó una carcajada: “Son personas muy bien informadas, y yo no tengo nada que agregar”.
 
Por su parte, el fiscal Jorge Di Lello arguye que la investigación “continúa en trámite”. El 17 de diciembre 2017 y debilitado por el escándalo,  Juan Pedro Irigoin presentó su renuncia. Tenía un buen consuelo: la tarea estaba hecha.

Franco blanqueo

Cuando Horacio Verbitsky reveló que Gianfranco, el hermano del presidente, figuraba en el podio de la lista de los principales empresarios que se ajustaron a la ley de Blanqueo, el gobierno nacional salió a investigar la filtración de la información que provenía del seno de la AFIP. De inmediato rodó la cabeza del subdirector de Sistemas y Comunicaciones de la AFIP, Jorge Enrique Linskens.La tirria del Presidente tuvo una consecuencia: Alberto Abaddejó la conducción del ente recaudador.
 
Nuevamente la información dejaba expuesto que el eje discursivo del gobierno sobre la transparencia, en los hechos, mantenía su opacidad. Máxime si el listado de los empresarios que blanquearon incluyó al dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, con 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma similar a la que trascendió que habría pagado a Ángelo Calcaterra dueño de la constructora Iecsa, luego de que el escándalo Odebrech obligue al primo del presidente a desprenderse de esa firma. 
 
La ley de blanqueo se aprobó con la salvedad de que los familiares de los empresarios no pudiesen blanquear el dinero. Macri borró con el codo lo acordado con los diferentes congresistas y vía un DNU que anuló la prohibición. La rúbrica tenía un objetivo: entre los que más blanquearon se encontraba su hermano Gianfranco con 622 millones de pesos. 
 
La decisión le valió al oficialismo durísimas críticas del arco opositor. La voz más fuerte del bloque massista fue la de Felipe Solá: “El blanqueo no es un derecho, es una amnistía a un delito y Macri no puede extender la amnistía por decreto. Macri firmó el decreto para que su padre pueda blanquear plata”. Solá erró por muy poco. No se trataba del padre, sino del hermano.
 
De un modo u otro, el dinero queda en familia.
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llucax
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