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llucax
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Desde Santiago de Chile: La otra cara de La Moneda

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Crónica de Maxi Goldschmidt para Revista Cítrica desde Santiago, el lunes 28 de octubre en que las calles ardieron. Hoy se espera una masiva movilización a La Moneda.

Siguen los incendios, las sirenas, las cacerolas, los helicópteros.
Mañana será igual. O peor. El gobierno de Piñera no hace más que tirar nafta al fuego.

19 muertes.
1132 personas heridas, 127 perdieron o tienen riesgo de perder un ojo.
3535 detenidas, 375 menores de edad.
18 denuncias por violencia sexual, 76 por torturas.
20 personas desaparecidas.

Y estos sólo son números oficiales.

“Nos vemos mañana”, dicen miles de jóvenes perseguidos por carros hidrantes y a puro gas lacrimógeno. Hoy, nuevamente rodearon La Moneda, intentaron llegar desde todas las calles. Fueron repelidos por Carabineros, que hasta tiraron gases en zonas donde bomberos estaban apagando incendios.

Todo ardió en Santiago.

La furia contra un gobierno que ofrece represión y parches ante el pedido de cambios de verdad no hace más que profundizar la violencia, la rebelión.

“Paco, culiao” y “asesinos”, los gritos que salen de miles de bocas de todas las edades. Se escucha en la calle, desde edificios, autos, bicicletas, motos, negocios.

El presidente le declaró la guerra al pueblo, y por más que se arrepienta de sus palabras, haya quitado el estado de sitio, regresado a los militares a los cuarteles o maquillado un poco su gabinete, la historia ya no tiene vuelta atrás.

La historia grande está pisando las calles nuevamente de Santiago y de otras ciudades de un país que definitivamente despertó.

Y eso, para el pueblo, es motivo de festejo. Por eso, la alegría se respira tanto como los gases lacrimógenos.

Está en todos lados. En las paredes, que en las mañanas son tapadas pero que rápidamente vuelven a gritar en miles de colores por otra constitución- la que existe la creó Pinochet-, por la renuncia de Piñera, por la salud, la educación, las jubilaciones dignas, la libertad.

El arte está presente en todas las protestas. La gente marcha con sus guitarras, violines, saxos. Los hace sonar ante las bombas de estruendo o los embates de los blindados. Se canta y se baila. En las manifestaciones, en las plazas y parques, en las poblaciones que empiezan a organizarse a través de asambleas autogestivas.

“El derecho a vivir en paz”, de Víctor Jara, es otro de los himnos por estos días.

Las calles, repletas de limones, piedras y cartuchos, también están llenas de bicicletas, de pelotas que vuelan por los aires y cabecea la multitud, de banderas chilenas y mapuche, de carteles de los más creativos, de barriletes. De sonrisas y abrazos.

De un cuidado por la otra persona que emociona. En cada arremetida de los gases, miles de manos acercan un limón o un rociador con agua con bicarbonato. Decenas de estudiantes o laburantes de medicina o enfermería cargan mochilas-botiquín para asistir a cualquier persona herida. En varias esquinas se arman campamentos sanitarios, y los vecinos donan insumos y comida.

La salud, estos días en Santiago, pasó a ser gratuita y efectiva.

La educación, de escuelas y universidades cerradas, también.

En Chile, hoy más que nunca, el pueblo muestra la otra cara de la moneda. Esa que estuvo tanto tiempo tapada y hoy está girando por los aires. Habrá que ver de qué lado cae. Pero para eso, todavía falta. Así lo repiten millones en las calles: “Esto, recién empieza”.

La marcha de los dos millones: la insurrección es una fiesta

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llucax
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Amenazas, lobby empresario y apoyo presidencial: cómo se gestó el fallo del Superior Tribunal de Entre Ríos que permite fumigar cerca de poblaciones y escuelas

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El Superior Tribunal de Entre Ríos desconoció cinco fallos y ratificó la validez de un decreto provincial que permite fumigar a 100 metros terrestres de escuelas rurales y a 500 metros aéreos. La medida llega luego de un fuerte lobby de las entidades de la Mesa de Enlace a nivel provincial que incluyó amenazas a los referentes de la Coordinarora Basta es Basta y el apoyo público del presidente Macri. En los argumentos los jueces hablan sobre «el ingreso que genera la producción agroindustrial» y utilizan biliografía aportada por Monsanto. La Coordinadora ya está trabajando en la apelación a la Corte Suprema, junto otras organizaciones territoriales que lo acompañarán como amicus: “Hay una gran alarma en Entre Ríos frente a este retroceso».

“Lo que revela este fallo es el sostenimiento de la producción agroindustrial sin analizar otro modo de producir. Y expone que tampoco existe política, programa o gestión para la sostenibilidad de la vida de los niños que tienen comprobado daño genético en las escuelas”. Así sintetiza a lavaca la abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia, la última decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: pese a cinco fallos judiciales que señalaban lo contrario, ratificó la validez de un decreto provincial que establece distancias de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para las zonas con escuelas rurales, rechazando un fallo previo que había estipulado 1000 metros para terrestres y 3000 para áreas.

“Sabemos que hay soluciones a esta problemática, porque había políticas publicas para favorecer a otro tipo de producción, como la transición agroecológica, pero tampoco se ve un interés por generar ninguna política pública proteccionista”, explica Sasia.

El fallo llega luego de un fuerte lobby de las entidades de la Mesa de Enlace a nivel provincial que incluyó movilizaciones y la amenaza pública de un importante dirigente de las entidades rurales a un referente de la Coordinarora Basta es Basta, que lucha contra los efectos de los agrotóxicos.

El fallo de los jueces Susana Medina, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Martín Carbonell y Juan Smaldone se explica en un enredo judicial y político. El primer amparo que presentó el movimiento tenía como objeto fijar una distancia ante la inexistencia de una iniciativa que protegiera a las escuelas. “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite”, contó María Fernández Benetti, otra de las abogadas. “Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.

Un nuevo decreto del gobernador Gustavo Bordet llevó la discusión otra vez al ámbito judicial y dejó la decisión nuevamente en el Superior Tribunal de la provincia. Pero el escenario era otro. Explica Sasia: “En el medio de estas idas y venidas, por instancias del Ejecutivo, la Legislatura modifica la Ley de Procedimientos Judiciales. Los jueces que venían decidiendo correspondían a la sala de Procedimientos Constitucionales, la especializada a tal fin. Con la reforma, se apartó a esa sala natural, y abrieron paso a estos cinco jueces que no tenían relación con los expedientes ni antecedentes en la materia”.

Desde el movimiento hicieron llegar a la Justicia mensajes que circularon por celular en los que los productores se jactaban de una resolución a favor con la nueva composición del tribunal.

-¿Cómo se explica este fallo?

-Lo que dicen ahora los jueces es que en la primera sentencia no hubo cosa juzgada, apoyándose en un requisito formal. Pero dicen que, no obstante si estuviera vigente ese fallo, el Estado fundamentó suficientemente su decreto en las recomendaciones de Buenas Prácticas Agrícolas o el informe del Conicet del 2009 (basado en bibliografía aportada por la propia Monsanto). En ese sentido, la sentencia tiene una orfandad argumental muy grande. Nos sorprende porque estábamos acostumbradas a sentencias con sustento técnico y jurídico. Les da valor de dictamen técnico cuando en realidad no lo tienen, pero no valoran el comité que conformarmos con los expertos, los mismos que se expidieron en la causa de Pergamino y por cuyos dictámenes hoy hay procesados tres productores.

-¿Qué implica este fallo?

-El fundamento es el ingreso que genera la producción agroindustrial sin analizar otro modo de producir y sin siquiera tratar de apaciguar esta situación, tendiendo a proponer un diálogo entre los sectores. Entre las marchas que encabezaron los productores, el propio presidente del Superior Tribunal los recibió y les dijo: “Ustedes son quienes nos hacen llegar los ingresos para que nos paguen los sueldos a fin de mes». Esa política cortoplacista viene de la mano de pensar que el único ingreso de nuestra provincia lo da la soja. Es tan grave el fallo y tan poca la preocupación del Estado respecto a la salud de los niños: el decreto hoy vigente crea unidades centinelas, que son las encargadas de controlar cuando se fumiga al lado de las escuelas. Esas unidades tienen que están conformadas por un ingeniero agrónomo designado por el productor que va a aplicar y por la directora de la escuela: nosotros hicimos acción de amparo pidiendo que se proteja a los docentes, y el Estado lo soluciona diciendo que manden a la directora a las aspersiones a controlar que no se pasen de la distancia. Es insólito.

El fallo afirma que los 100 metros de distancia se debe medir desde una “barrera vegetal”, a modo de protección. Sasia: “Eso no existe en ninguna escuela. Si implementa en las 1083 escuelas, recién van a crecer en 10 años. Entonces los niños que hoy tienen daño genético irreversible ya no van a estar más”.

Desde el movimiento ya están trabajando en la apelación a la Corte Suprema, junto otras organizaciones territoriales que lo acompañarán como amicus. “Hay una gran alarma en Entre Ríos. Los fallos previos habían dado una solución muy innovadora en la necesidad de proteger a la vida y a la producción, en la necesidad de que interactúen derechos fundamentales, pero esta sentencia no sólo es regresiva, sino que es empezar de cero. Muestra una orfandad argumentativa absoluta y evidencia la falta de interacción que tiene cotidianamente los que representan los máximos escaños de la justicia, sin relación con derechos humanos vulnerados ni con la víctima. Desde un escritorio es muy fácil resolver en favor de las entidades productivas”.

La batalla de las velas: Cómo Entre Ríos frenó una ley pro agrotóxicos

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llucax
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llucax
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Comforting Absence

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When the seat next to you on the airplane is empty, life is good
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...if you like room to stretch out on planes!


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llucax
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La fiscalía federal pidió la elevación a juicio de Germán Vaccaro

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CABB
El fiscal Franco Picardi requirió la elevación a juicio del ex presidente de la CABB por desvío de fondos y subsidios del Estado Nacional.

El fiscal federal Franco Picardi requirió la elevación a juicio de Germán Luis Vaccaro, ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, por desviación de fondos de la CABB y subsidios del Estado Nacional, para su beneficio personal. El perjuicio económico total podría ser superior a los tres millones de pesos, según informa el sitio fiscales.gob.ar. 

A continuación, la nomina exacta de los hechos de los que se acusa al ex presidente de la CABB pronunciados en fiscales.gob.ar y que tomó en cuenta la Fiscalia Federal N°5: 

1) Haber comercializado en forma personal entradas para el ingreso a los partidos de la selección argentina de básquetbol en el Campeonato Mundial que se desarrolló en España en el 2014. Según la fiscalía, Vaccaro logró desviar en provecho propio y hacia sus familiares la suma de $154.253, generada con motivo de la venta de entradas para el certamen. En lugar de ingresar esos montos a la contabilidad de la CABB, se dispuso su depósito en una cuenta corriente en pesos a nombre de Vaccaro y su esposa, y en otra de Jusanju S.A., perteneciente a los suegros del imputado. Picardi señaló que ni los padres de la mujer ni ella “mantuvieron roles, funciones, ni desempeño alguno en la CABB, que justifiquen y/o expliquen el desvío de las ganancias del organismo hacia sus cuentas bancarias personales”.

2) El desvío de fondos públicos que ingresaron a la CABB a través del subsidio otorgado por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del “Plan Nacional del Deporte Social”. De acuerdo al MPF, dichos fondos fueron transferidos por la cartera ministerial a la cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina perteneciente a la CABB, el 15 de abril de 2014. Sin embargo, al día siguiente  fueron debitados a través de siete cheques, “que a la postre fueron cobrados por ventanilla por distintas personas autorizadas por Vaccaro”. El perjuicio patrimonial en ese aspecto y con esa modalidad fue valuado en $460.271,00.

3) El desvío de fondos por $1.342.050 ingresados en 2012 a la cuenta de la CABB mediante dos depósitos efectuados a través de la firma Fiduciaria del Norte S.A. -uno de $667.050 y otro de $675.000-; y luego de otros $759.900 transferidos a la Confederación en junio de 2013 por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Nación, en concepto de subsidios.  Esos importes estaban destinados a la organización del Campeonato Sudamericano de Mayores de Básquetbol que se llevó a cabo en Resistencia, Chaco, del 18 al 23 de junio de 2012. Todas las operaciones implicaron irregularidades en la contabilidad del organismo.En relación a ese torneo, a Vaccaro se le cuestiona además la rendición de cuentas presentada ante la Secretaría de Deportes, la omisión de su parte de haber computado a favor de la CABB el producido de la venta de entradas al torneo, y de la publicidad y/o televisación del evento.

4)  El desvío de un millón de pesos ingresados a la CABB el 27 de diciembre de 2013, provenientes de la Federación de Básquetbol de Capital Federal, en calidad de afiliada, para cancelar una deuda que esa federación mantenía con la CABB, en el marco del Programa FIBA Organizer. Si bien fueron entregados mediante cinco cheques, “la contabilidad de la CABB no registró el ingreso y/o el destino de esos fondos, ni el depósito de tales valores en la cuenta bancaria de la entidad”, consigna el dictamen.

5)  Haber desviado en su provecho y/o de terceros veinte mil euros que la Federación Española de Básquetbol (FEB) -en su carácter de organizadora del Campeonato Mundial de esa disciplina en 2014- puso a disposición de su par argentina en abril de 2014, para que la Confederación hiciera frente a los gastos de pasajes aéreos a España. De acuerdo al MPF, Vaccaro “le indicó a la FEB que la transferencia de dichas sumas debía realizarse a una cuenta del Banco HSBC de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, registrada a nombre de la sociedad ‘Wai Ho Trading (Hong Kong) Company Limited’; la FEB así lo hizo, pero el dinero no fue ingresado ni registrado en la contabilidad, como tampoco  destinados al pago de los pasajes aéreos al mundial.

6) El desvío por importes que sumaron $355.073,10, para el pago de pasajes aéreos al exterior y al interior de la Argentina entre febrero de 2012 y febrero de 2014  “que fueron utilizados por Vaccaro, miembros de su familia y allegados, por motivos ajenos a los fines de la entidad”; entre los beneficiados se detectó a parte de su núcleo familiar. A esos fines es que el imputado se habría valido de acuerdos establecidos con las empresas de turismo Hub Travel y Ola S.A., “para que estas libraran facturas en nombre de la CABB, para la financiación de sus viajes personales, los de su familia y amigos”.

7) Por último, el uso de una tarjeta corporativa perteneciente a la CABB, para la adquisición “de bienes y servicios exorbitantes a los intereses que debía representar y completamente ajenos a las actividades institucionales y deportivas”. Esos gastos ascendieron a casi 41 mil pesos y más de 8 mil dólares. Algunas de las marcas en los que fueron dilapidados son Coin Vert, Mancini, Mc Shoes, Jazmín Chebar, Key Biscayne, Apple Store, Lacoste, World Phones, Abercrombie & Fitch, Armani, Guess, Allo Martínez, Las Oreiro, María Vázquez, Caro Cuore, Sarkany, Jackie Smith, María Cher y Paula Cahen D’anvers, entre otras.

Fuente: 
fiscales.gob.ar
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llucax
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HDP
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